La lista de damnificados por el desplome del ladrillo español parece interminable: constructores, promotores, clientes …Uno de los grupos donde más certera ha sido la estocada es el de los proveedores. Embargos de viviendas, emigración al extranjero es la rutina forzada que les toca vivir ante la imposibilidad de cobrar lo que les adeudan. El vicepresidente de AEPIC dice que en La Moncloa sólo se escucha a las grandes constructoras

J.Carrasco, vicepresidente de Aepic

 

 

Hace algo más de un año, el vicepresidente de la asociación española de proveedores impagados de la construcción (AEPIC), Jose María Carrasco, relataba a Invertia la encrucijada en la que se encontraban muchos de los proveedores de la construcción. Un lastre que con el paso del tiempo, a su juicio, ha ido acrecentándose. “Pese a las informaciones que se publican, la situación para los proveedores ha empeorado”, comenta.

El portavoz asegura que las líneas de financiación para las pequeñas pymes del ladrillo siguen completamente cerradas. “La diferencia respecto al año pasado es que antes podías presentar como aval tu propia vivienda, ahora esas garantías se van ejecutando y muchas personas están perdiendo sus casas”. “En estos momentos, necesitamos que nos avalen otras personas, como nuestros familiares, porque si no hay una garantía real, como la hipotecaria, a la banca no le interesa prestar”.

¿Y qué pasa con los créditos que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en marcha para las pymes? En este sentido, Carrasco reconoce que pese a lo que rezan los anuncios, la realidad es que no es el ICO quien da el dinero. “Vas al banco y quien decide es la entidad porque al final, son ellos quienes asumen el riesgo. Queda muy bien decirlo en televisión pero no sirve de nada”, sentencia.

Unas declaraciones que se contradicen con lo expresado por el organismo oficial. Desde el pasado mes de junio, el ICO abrió una línea directa de financiación para pymes y autónomos cuyo trámite de resolución tiene máximo de 30 días. Según la nota de prensa, es la organización la que recibe directamente las solicitudes; realiza el análisis de la operación; determina las garantías y decide sobre la concesión del préstamo. Además de asumir el riesgo al cien por cien.

Embargos hipotecarios, parálisis del sector, etc. La desesperación ha llevado a algunos proveedores a emigrar para intentar levantar de nuevo sus negocios. “Montadores de aluminio, de aire acondicionado, de suelos…Los buenos profesionales se están marchando a países como Brasil, Guinea o Marruecos, donde se está construyendo mucho. Hay un efecto llamada y la gente se arriesga pese a los sacrificios que eso implica también”.

La nueva Ley de Morosidad

Uno de los instrumentos que se articuló este año, en un intento por aliviar a las pymes, fue el cambio en la Ley de Morosidad. La nueva legislación fija unos plazos máximos de pago de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas. Sin embargo, la normativa contempla un periodo de adaptación que se prolonga hasta el 2013.

“La ley está muy bien pero la realidad es que las constructoras dicen: si quieres trabajar conmigo estás son las condiciones, y no hay más narices”. “No podemos denunciar porque de lo contrario olvídate de trabajar más…Las constructoras tienen un acuerdo entre ellas, son como las petroleras, un cártel que se pasan información”, reseña Carrasco.

Ante esta circunstancia, el colectivo ha llevado su voz hasta Bruselas, donde la iniciativa está dando sus frutos. El mes pasado, la autoridad comunitaria lanzó una directiva para luchar contra la morosidad, y que obligaba a empresas privadas y sector público a pagar a los proveedores en 30 días. Además, la norma establece los intereses en caso de demora. “En el resto de Europa no hay tantos casos de impagados como en España”, asevera el vicepresidente de AEPIC.

Según indica Carrasco, hay además una propuesta que ha quedado abierta y antes de Navidad se estudiará la situación y se presentarán pruebas para denunciar ante Bruselas de cómo no se está cumpliendo lo que dispone la Ley de Morosidad.

Aunque la acción legal no va a quedar ahí. “Estudiamos denunciar a ayuntamientos y a compañías. Estamos recopilando testimonios y documentos para hacerlo. Lo estamos tratando y dando forma a todo porque si no, no terminamos con esta lacra”, sentencia. De acuerdo con los últimos datos del Banco de España (BdE), la deuda financiera de las corporaciones locales se situaba a finales de 2009 por encima de los 34.500 millones de euros.

“En la Moncloa, sólo escuchan a las grandes empresas y a los catedráticos pero los políticos deberían bajar a la calle que es donde se concentran estos problemas porque, por el momento, no van encaminados a solucionarlos”. Entre las reivindicaciones de la asociación está que el ICO acepte como avales los pagarés que los proveedores poseen de empresas que se han declarado en concurso, con el objetivo de lograr algo de financiación. También, está la petición de devolución del IVA de las facturas que no se han cobrado.

Para Carrasco, el futuro de los pequeños impagados seguirá siendo muy negro hasta que no haya un cambio de actitud hacia el problema. Cambios que, a su juicio, también deberían llegar a la Ley Concursal que “sólo beneficia” a los bancos. “Ahora mismo, hay 6.000 millones de euros procedentes de los concursos de acreedores y que están parados en los juzgados. Dinero que se perderá si no se resuelven los pleitos”.