Las PYME dicen que no se cumple la normativa europea sobre morosidad
 
Bruselas (26/10/10).- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido hoy mantener abierta una solicitud de la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la Construcción (AEPIC) en la que pide una solución a los impagos en
ese sector. Los peticionarios se quejan de que la normativa europea sobre morosidad no se está aplicando, lo que afecta sobre todo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME).
 
José María Carrasco, vicepresidente de AEPIC y encargado de transmitir la petición, ha reclamado a esta comisión europarlamentaria que las pequeñas empresas a las que representa la asociación puedan cobrar al final de cada obra, ya que en muchos casos esto "no está siendo así", lo que está llevando a muchas compañías "a la ruina".
 
"Los ayuntamientos nos deben dinero y demoran los pagos, y nosotros tenemos que recurrir a financiación externa a través de bancos y poner nuestras propias viviendas como garantía", ha explicado Carrasco.
 
Sin embargo, la representante de la Comisión no se ha ablandado ante ese mensaje y ha sugerido que se cierre la petición, ya que la directiva europea "ha sido efectiva y correctamente traspuesta" en España. En su opinión, el problema reside en las propias flaquezas de la normativa europea en vigor, que "no ha brillado precisamente por su eficacia". Por ese motivo, la UE se dispone a aprobar una nueva directiva sobre morosidad que reemplace a la anterior.
 
La nueva legislación recibió el visto bueno de la Eurocámara la semana pasada, de modo que ya sólo queda la aprobación final del Consejo para que salga adelante. Por lo tanto, el Ejecutivo comunitario prefiere mirar hacia adelante y considera que la solución al problema de los impagos en la construcción y en otros sectores es que los Estados miembros traspongan la nueva directiva cuanto antes.
 
También ha precisado que España se ha adelantado a esta nueva normativa comunitaria con la aprobación de una ley nacional aún más ambiciosa en lo relativo a los plazos de los pagos. En su opinión, la nueva legislación española, que entrará en vigor en enero de 2013, "podrá dar solución y facilitar la entrada de crédito a las empresas".
 
Los populares permanecen "vigilantes"
A los miembros del grupo popular en la Eurocámara no les ha gustado la propuesta de cerrar la petición. El español Carlos Iturgaiz ha insistido en la necesidad de hacer un seguimiento de la solicitud, ya que España "tiene un antecedente de incumplimiento" de la
directiva comunitaria actualmente en vigor.
 
En la misma línea se ha pronunciado la también española eurodiputada popular Teresa Jiménez-Becerril, que ha instado a esta comisión parlamentaria a que permanezca "vigilante". De lo contrario, "sería dar carta blanca a que sigan produciéndose injusticias
tremendas".
 
Su opinión la comparte la italiana Erminia Mazzoni, presidenta de la comisión de Peticiones y también miembro del grupo popular, quien ha decidido mantener abierta la solicitud al ver que la mayoría lo cree necesario.

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