Así comenzaba su intervención el Magistrado D. Carlos Nieto, titular del Juzgado nº1 de Madrid, el pasado sábado en un hotel de Madrid frente a más de 300 empresas asistentes.

 

 

 

Los afectados llevan más de dos años sin tener noticias del estado del concurso. El motivo es muy simple, el concurso no avanza porque se encuentra colapsado en su fase común debido a las 564 impugnaciones interpuestas por 543 abogados personados.

 

Cada impugnación es un proceso independiente, que incluye vistas y pruebas y finalmente dictamen de la sentencia. Cuando este juez asumió el caso hace 14 meses, es decir 6 meses después de que se iniciara la fase común, se encontró con todas las demandas archivadas en varias estanterías sin tramitar.

 

Actualmente se han resuelto 206 demandas en un tiempo récord. Un juez dicta de media entre 200 y 300 sentencias por año. Además de SEOP, el juzgado nº1 de Madrid lleva una treintena de casos más, incluyendo otros no menos importantes en tamaño como el caso Iberdrola, o el Concurso de Air Madrid. Por tanto el esfuerzo que está haciendo este juez por dar celeridad al concurso es manifiesto, pero no suficiente.

 

En abril de 2.009 el C.G.P.J. aprobó como medida de refuerzo la incorporación de 1 juez especialista, 1 secretario judicial y 6 oficiales de apoyo al juzgado. Sin embargo un año después, ni el Ministerio de Justicia ni la Comunidad de Madrid han cumplido con su parte, que es la de dotar los medios necesarios. El Ministerio de Justicia es el encargado de poner al juez y al secretario, y la Comunidad de Madrid la encargada de poner a los oficiales y los medios materiales (mesas, ordenadores, etc.)

 

El 8 de julio, después de que estuviera convocada esta reunión, el C.G.P.J. ha publicado el nombre del juez especialista de carrera, para que refuerce el juzgado. Faltaría por comprobar si la Comunidad de Madrid cumple también con su parte. De producirse estos refuerzos, a partir de septiembre se podría dar un impulso muy importante al caso, y probablemente a finales de año se podría completar la revisión del resto de demandas, 73 en proceso y 285 pendientes por tramitar.

 

Esto abre una pequeña esperanza al final de este largo túnel que supone para las más de 4.000 empresas afectadas conocer si podrán optar a cobrar algo o no.

 

Durante la reunión se plantearon varias preguntas, las cuales el juez fue contestando de manera clara y concisa.

 

Esa pregunta a fecha de hoy no tiene respuesta, ya que nadie puede contestarla.

 

El tiempo que resta depende de si aumenta o disminuye el número de incidencias y de los medios que disponga el juzgado. Si el número de incidencias se mantiene y finalmente se dotan las medidas de refuerzo aprobadas por el C.G.P.J. para finales de año quedarían resueltas la totalidad de incidencias y sobre mediados del mes de abril se podría dar fin a la Fase Común del Concurso.

 

En cuanto a las cantidades a recuperar, dependerá básicamente de si se aprueba un convenio con quitas incluidas, o si no se llega a un acuerdo y finalmente la empresa se liquida.

 

En el caso del convenio, si la empresa se ajusta al máximo legal permitido y los acreedores acceden, se estaría hablando de abonar el 50% de la deuda a un plazo de 5 años. En caso de no llegar a ningún acuerdo con otros porcentajes y plazos, la empresa se liquidaría y se empezaría a cobrar por orden de prioridad de los créditos reconocidos, es decir, primero cobrarían los bancos, las administraciones públicas y otros créditos privilegiados y si aún queda dinero éste se repartiría entre el resto de acreedores.

 

 

 

Debido a la complejidad de la actividad de la empresa y a la variedad de los casos y situaciones planteadas, no se puede hablar de culpables.

 

El gran volumen de incidencias (si no se hubieran producido incidentes, la fase común se hubiera resuelto al día siguiente), es lo que está provocando el retraso en la Fase Común.

 

Se podría pensar que la Administración Concursal hizo mal su trabajo en el Informe Concursal presentado en septiembre de 2.008, sin embargo la posterior resolución de los incidentes por parte del Juzgado confirma el criterio de los Administradores Concursales.

 

Entonces, ¿han sido los abogados de las empresas personadas los que han provocado este colapso? Esta afirmación tampoco es cierta, ya que hay cuestiones en la actual Ley Concursal no deja está claras, por tanto también se puede concluir que los letrados hicieron bien su trabajo.

 

 

Un concurso de acreedores es un conjunto de intereses contrapuestos, y cuanto más complejo y voluminoso es, más tiempo se tarda en resolver todas las cuestiones planteadas.

 

Por tanto, parece que lo único que puede acelerar el proceso y dar esperanzas a las más de 4.000 empresas afectadas es que las medidas de refuerzo aprobadas empiecen a funcionar a partir de septiembre. En tal caso, el juez se ha comprometido a poner todos los medios a su alcance para que a finales de año se resuelvan todos los incidentes.

 

La Asociación Española de Impagados (AEPIC) se ha consolidado además como interlocutor válido en el concurso y canalizar la información y cuestiones a las empresas afectadas. Así mismo el Magistrado D. Carlos Nieto se ha comprometido a mantener reuniones frecuentes con la Asociación para atender las cuestiones planteadas por las empresas afectadas.

 

La Asociación también se ha comprometido a estar vigilante en el cumplimiento de las medidas de refuerzo aprobadas por el C.G.P.J. y no descarta emprender acciones si no se llegan a dotar dichas medidas por parte de las Administraciones competentes.