Dos jueces indagan si hubo estafa en Lábaro y Seop al presentar sus suspensiones de pagos



Los denunciantes les acusan de sellar grandes compras mientras preparaban el concurso de acreedores



La avalancha de concursos de acreedores de empresas de la construcción ha empezado a levantar sospechas en los tribunales. Dos jueces de Madrid han abierto diligencias previas por supuesta estafa a dos de las empresas estrella durante el boom inmobiliario. Se trata de la inmobiliaria Grupo Lábaro y de la constructora Seop, que presentaron concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) hace pocos meses, ahogados, según sus gestores, por el parón de las viviendas.



En ambos casos, la investigación judicial apunta a una presunta estafa por presentar concursos de acreedores fraudulentos, engañando supuestamente a los proveedores y clientes sobre su verdadera situación.

En el caso de la promotora Lábaro, es el juzgado de instrucción número 16 de Madrid el que ha iniciado la investigación, tras una querella presentada el 19 de mayo por el bufete de abogados González-Grano de Oro en representación de uno de los proveedores de la inmobiliaria.



Según la querella, los gestores de Lábaro realizaron compras millonarias a sus proveedores, sabiendo que nunca iban a pagar esa deuda, ya que estaban preparando al mismo tiempo el concurso de acreedores. Los querellados –el presidente , Julio Mateo Cardiel, y el consejero delegado, José Bosch-,emitieron un pagaré para cubrir sus deudas con el proveedor el día 20 de febrero, con vencimiento en agosto. Sólo dos días después, el 22 de febrero, los administradores de Lábaro conferían poderes a un abogado ante un notario de Madrid para que iniciara el concurso de acreedores, que se presentó finalmente el 31 de marzo. En todo momento aparentaron una situación de normalidad, según los querellantes, y siguieron haciendo encargos millonarios a sus proveedores para terminar los pisos.



Estos hechos constituyen un supuesto claro de estafa, según la querella. Gracias a este mecanismo, los administradores de la inmobiliaria han logrado aumentar sus activos a costa de incautos proveedores. Cuando se declara el concurso, la empresa puede seguir vendiendo pisos y saldar sus deudas en varios años con importantes quitas.



La investigación iniciada respecto a la constructora Seop es similar a la anterior. La querella, interpuesta también por el bufete González-Grano de Oro, ha sido admitida a trámite por el Juzgado número 39 de Madrid, cuya titular ha dado traslado de los hechos a la Fiscalía y ha citado a los principales gestores de la constructora para el miércoles 18 de junio.



La querella relata cómo los gestores de la constructora realizaron compras al proveedor por más de 140.000 euros sabiendo que la empresa ya era insolvente. "Esas compras constituyen un delito de estafa porque se hicieron ocultando al vendedor la situación crítica de SEOP, con la manifiesta intención de no pagarlas y con el engaño idóneo de entregar pagarés de vencimiento posterior a la fecha en la que pensaban que ya habrían obtenido la declaración de concurso de acreedores".



Seop, que declaró concurso voluntario de acreedores el 17 de marzo, presentó a principios de mayo una propuesta de convenio anticipado para pagar su deuda de 267,2 millones de euros. La constructora ha propuesto a sus acreedores pagarles en tres años, con una quita del 33%, una propuesta que no obtuvo el 20% de adhesiones necesario para su aprobación.



Lábaro anunció hace siete meses su plan para convertirse en una de las mayores inmobiliarias europeas, al comprar el 12% de Parquesol por 107 millones. La inmobiliaria, cuyos principales accionistas son Julio Mateo cardiel, Ignacio Barco y Domingo Díaz de Mera, planeó incluso sumarse a la fusión que ésta última realizó con la constructora San José.



Trampas habituales

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, docenas de inmobiliarias han acudido voluntariamente a los juzgados mercantiles, a acogerse al concurso de acreedores.



“Con meses de anticipación, los directivos conocen la verdadera situación de la empresa, pero la trampa está en aparentar una completa normalidad, un supuesto no pasa nada y seguir haciendo compras a los proveedores”;explica el letrado Alfonso González-Grano de Oro, experto en derecho mercantil. Para el pago, las empresas entregan pagarés con vencimiento a cuatro o cinco meses y antes de que se cumpla el plazo de pago, declaran concurso voluntario. La consecuencia : la empresa deudora deja de pagar sus deudas y las deudas dejan de devengar intereses en su contra. La constructora o inmobiliaria consigue así incrementar su activo y los proveedores se encuentran con unos pagarés que no valen nada.



Diario El Mundo, 16 junio 2008