La UE obligará al sector público a pagar en 30 días




La Comisión Europea modificará las leyes para acelerar los pagos o abonar intereses en caso de retrasos. Su objetivo: ayudar a las empresas.



La Comisión Europea (CE) va a modificar la normativa actual sobre los plazos de pago de los poderes públicos a las empresas, para acelerarlos y que no superen, en principio, los treinta días. Bruselas incluirá, además, la obligación de pagar intereses en caso de retrasos.



El comisario encargado de la Empresa e Industria, Günter Verheugen, declaró ayer que «los retrasos en los pagos de los poderes públicos no deben ser tolerados». Según el comisario, «esta propuesta será también un apoyo a las empresas, en estos momentos de crisis, ya que contribuirá a evitar posibles quiebras y mejorará su situación de tesorería, lo que además reforzará su competitividad, a largo plazo».



A pesar de algunas mejoras en los últimos años, los retrasos en los pagos entre empresas o entre los poderes públicos y empresas sigue siendo algo normal. Estas prácticas, estima la CE, son nefastas para el desarrollo del comercio y pueden llevar a situaciones difíciles e incluso a la quiebra de algunas empresas, que en otro caso serían viables. Esto afecta, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte Bruselas se lamenta de la actitud de los poderes públicos, cuya actitud, a su juicio, deja mucho que desear en muchas economías.



Explicación

Verheugen explicó que los pagos tardíos en la Unión Europea (UE), ascienden a unos 1.900 millones de euros, de los cuales más de 1.200 millones, algo más del 60%, corresponden a las administraciones públicas y el resto, unos 700 millones, a empresas. «Esto es como una enfermedad, que en situación de crisis puede afectar gravemente a la situación de la economía», explicó el comisario. Luego añadió que «los retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas se deben a mala gestión, abuso de poder y mala fe hacia las pymes».



Los cambios que propone el Ejecutivo comunitario son establecer como regla general el pago de las facturas en treinta días y, en caso de retraso, se deberán pagar intereses, una indemnización por los gastos de recuperación y una compensación correspondiente al 5% del total de la factura debida. Bruselas prevé, sin embargo, que en algunos casos justificados se establezcan plazos de pago más largos.



También se planifica la libertad de contratos entre empresas, para estipular los plazos de pago, pero en caso de retraso, las empresas afectadas podrán reclamar intereses de mora y una indemnización por los gastos para recuperar el pago. Se establecerán reglas exigentes para evitar los posibles contratos abusivos que violarían el espíritu de la norma.



Desarrollo

La propia Comisión Europea se aplicará estas medidas y anunció ayer, que, a partir del próximo octubre, los pagos se formalizarán en un máximo de 20 días, para los pagos anticipados al inicio de los proyectos y en un máximo de 30 días para el pago completo. El Ejecutivo comunitario espera que esta propuesta sea aprobada rápidamente por el Consejo y por el nuevo Parlamento Europeo, de forma que pueda entrar en vigor en 2010.



Diario Expansión, 9 abril 2009